Guatemala pudiera experimentar una aceleración en cuanto a su desarrollo en las próximas tres décadas si aprovechara la existencia de un denominado bono demográfico, es decir, de una mayoría de la población joven y productiva cuyas edades oscilan de 15 a 34 años.
Juventudes que migran
Justo en ese rango etario están las principales cifras de personas migrantes por vías regulares e irregulares y ello sólo es una prueba más de la ausencia de políticas claras de atención a los requerimientos fundamentales de este sector de la población.
Jóvenes y niños se enfrentan a la identificación de la migración como su alternativa más viable, ya sea con la compañía de personas adultas o solos. El Instituto Guatemalteco de Migración reconoce que la mayoría de estos afirman que las principales razones para migrar son la violencia generada por las maras, la pobreza y el difícil o inexistente acceso a educación, salud y vivienda.
Por ello, poco les importan las amenazas en la ruta migratoria que van desde caer en las redes de los traficantes de personas migrantes o de prostitución, de pandillas, autoridades capaces de extorsionarlos, morir en el desierto o perderse en inmensas montañas o terrenos peligrosos.
Incluso, la probabilidad de ser atrapados por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tampoco detiene a quienes solo persiguen huir del hambre y de la desesperanza en un país donde cerca del 60 por ciento de la población roza los niveles de pobreza.
El informe Evolución de la Migración forzada irregular en el norte de Centroamérica (Oxfam, 2021) señala que son diferentes las causas de la migración y entre ellas destaca las de índole social y económica. No obstante, subraya que la situación provocada por la crisis ambiental es un factor de mucho peso para que la juventud piense desde temprano en la migración como una salida.
Médicos del Mundo listó más de millón y medio de nuevos desplazamientos en 2021, motivados por desastres derivados de eventos climatológicos, a los que se sumaron la crisis alimentaria y política.
En esta problemática inciden, además, los servicios básicos precarios, la debilidad institucional, la corrupción, la utilización de los programas públicos de protección social por los políticos para ganar votos y no para ayudar a la población; los presupuestos estatales muy bajos para temas como salud, educación, desnutrición, así como el irrespeto a los derechos humanos.
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